En la lista de los clientes a los que les puede proveer sus servicios debe incluir al Gobierno colombiano, este también requiere de los servicios ofrecidos por contratistas de obra, tanto de macroempresas como de pymes asociadas al sector constructor.

En Colombia, la Ley 80 de 1993 establece el esquema general de la contratación pública. Allí se estipula que las entidades colombianas de orden nacional, departamental, distrital, municipal, o de economía mixta, pueden requerir y pactar contratos de obra.

Esta ley explica que los contratos de obra son “para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles” y se pueden convocar mediante distintas modalidades, apoyados por otras normativas adicionales que se complementan con la Ley 1150 de 2007.

Y aunque para ello existe una serie rigurosa de requisitos, usted debe conocer estas claves para hacerlo en el caso específico de la construcción:

1. Conozca los tipos de contratos para contratistas de obra

Las licitaciones son uno de los modelos más populares en la contratación pública. Sin embargo, existen otras modalidades de selección para contratos de obra.

  • La licitación pública: el carácter es de concurso, en el que pueden participar personas naturales y jurídicas, y que tiene un proceso de adjudicación de máximo 3 meses. Cada entidad pública debe seleccionar al contratista de obra que ofrezca los servicios más cercanos a lo estipulado en los Pliegos Tipo.
  • Por selección abreviada de menor cuantía: es una modalidad de contrato en el que la entidad pública convoca y elige al proponente objetivamente. Su valor es entre 280 y 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
  • Mínima cuantía: son contratos de obras sencillas y adjudicable, inclusive, en un día hábil, cuyo valor actualmente es entre 28 y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
  • Contratación directa: es una adjudicación de contrato de obra de carácter urgente, que no entrega al contratista estudios o documentos previos del servicio a prestar.

2. Actualícese en la normativa

En enero de 2018 se sancionó la Ley 1882, la cual adiciona dos condiciones para la selección de los proponentes de licitaciones, exclusivamente, y que son el manejo de dos sobres. “Este fue uno de los nuevos avances sobre la forma de contratación estatal en las licitaciones públicas para seleccionar contratistas de obra”, afirma Julio Durán, abogado experto en derecho administrativo del bufet Del Hierro Abogados.

En el primer sobre el contratista aspirante al proceso licitatorio debe incluir los documentos correspondientes al cumplimiento de requisitos habilitantes y los aspectos que cada oferta puntual contenga, diferentes a la propuesta económica.

A su vez, los proponentes presentarán el segundo sobre, en el que deberán presentar la propuesta económica. “Este sobre solo podrá ser abierto hasta la audiencia efectiva de adjudicación. La manera en la que se abrirán los sobres será obedeciendo un criterio de aleatoriedad para garantizar la objetividad efectiva al analizar las ofertas”, explica Durán.

De otro lado, en esta ley se modificó la figura de Asociación Público-Privada (APP), que aplica para la inversión de capital privado asociado a contratos de obra a servicio de una entidad pública para “el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento”, como se lee en la norma.

“El cambio sustancial es la incorporación de mecanismos de viabilización de los proyectos de APP sociales, urbanas y de entidades territoriales”, aclara Durán, y agrega que “la nueva ley otorga la autorización para que los pagos de los bienes y servicios que benefician al Estado queden en firme, donde se pretende impedir un enriquecimiento sin justa causa y protege a los terceros de buena fe, como los proveedores o trabajadores del proyecto. Igualmente, esta dispuesta una cláusula penal del 5 % del valor del proyecto, como sanción adicional, además de las penales, disciplinarias y fiscales pertinentes”.

Del Hierro Abogados señala las nuevas disposiciones en esta nueva ley:

  • La ley permite a las sociedades de economía mixta, a las empresas de servicios públicos domiciliarios, y a las empresas industriales y comerciales del Estado su participación como oferentes o contratistas en procesos regulados por la normatividad aplicable a estas asociaciones (L.1508/2012).
  • Hay una permisión de remunerar al inversionista de los proyectos con derechos sobre los bienes de propiedad de la entidad territorial.
  • Incluye dentro del criterio de unidad funcional de la ley de las APP, los aeropuertos y las plantas de tratamiento de aguas residuales.
  • La nueva norma autoriza expresamente a distritos, municipios y departamentos de categoría especial y sus entidades descentralizadas, para celebrar estos contratos de asociación con las implicaciones presupuestales que tiene cada entidad. El inversor privado debe asumir los costos de la revisión y la evaluación de su iniciativa.

3. La hoja de ruta son los Pliegos Tipo

Una de las adiciones más sobresalientes a la Ley 1882 es la inclusión de los Pliegos Tipo, un formato único para los diferentes modelos de selección para contratos públicos, entre los que están los de obra pública.

En los Pliegos Tipo se estipulan las condiciones para que los contratos relacionados con interventoría para las obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas y consultoría en ingeniería al servicio de entidades del Gobierno sean desarrollados teniendo en cuenta tiempos de ejecución, lugar, capacidad financiera, capacidad jurídica, factores técnicos, oferta económica, entre otros detalles, sobre lo cual Durán resalta que “la finalidad de los pliegos tipo es lograr una participación más concurrente, transparente y competitiva para la adjudicación de contratos públicos a los contratistas.

En términos de mecanismo anticorrupción, Durán señala que “su impacto esta por verse, dado que la implementación incluye una reglamentación por parte del Gobierno donde se va a poner a prueba esta figura“.

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4. Familiarícese con el Secop

Los procesos de contratación pública están unificados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), que administra la agencia Colombia Compra Eficiente. Allí los contratistas de obra pueden consultar ofertas de las entidades públicas, hacer el proceso de contratación y tener seguimiento sobre el mismo.

Actualmente se trabaja la transición del Secop I al Secop II, una versión más desarrollada que hace transaccional el proceso de contratación en línea.

Para informarse de los contratos ofrecen las entidades públicas en Colombia puede acceder al portal de colombiacompra, luego despliegue en menú de “Transparencia” y seleccione la opción de “Procesos de contratación”.

 

Una vez ya haya determinado a qué contrato apuntarse, puede realizar la inscripción como comprador en el Secop II.

Puede consultar otras dudas en el Canal de YouTube del colombiacompra.

5. Tenga los papeles al día

Para postularse como oferente, debe estar legalmente constituido, ser reconocido por la cámara de comercio de la ciudad donde tiene domicilio su empresa contratista, estar a paz y salvo con los impuestos nacionales, distritales o municipales y contar con el NIT y el Registro Único Tributario (RUT).

Posterior a esto, si apunta a un contrato distinto al de mínima cuantía o de contratación directa, debe inscribirse en el Registro Único de Proponentes (RUP), un registro de las cámaras de comercio que documenta las personas jurídicas o naturales que aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales para la ejecución, entre otros, de contratos de obras.

En este registro consta la información relacionada con la experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad de organización y clasificación del proponente.

6. Apunte en grande

En el Estatuto de la Contratación Pública se incluye figura jurídica de la Unión Temporal, la cual ha servido “como beneficio para muchas empresas y entidades que contratan con el Estado”, manifiesta el abogado Julio Durán.

Estas uniones “están contemplados para fines y necesidades específicas de las partes contratantes, por ejemplo, la acreditación de experiencia y determinados requisitos, la limitación de responsabilidad de acuerdo a la participación de los miembros, así como los tratamientos especiales que pueden tener desde el punto de vista contable“, aclara el abogado Julio Durán.

Si embargo, esta figura no ha tenido modificaciones, por lo que aplica la vigencia de la Ley 80 de  1993. “Tampoco se están imponiendo nuevas limitaciones al actuar o a la responsabilidad de las uniones temporales en los procesos licitatorios”, concluye Durán.